Castellón.- Fiscalía acepta una nueva denuncia contra el alcalde de Cabanes por un posible delito de prevaricación

CASTELLÓN, 24 (EUROPA PRESS) - El fiscal jefe de la Audiencia de Castellón, Javier Carceller, ha comunicado al portavoz del grupo municipal EU-Verds-IR y representante de Iniciativa en la localidad castellonense de Cabanes, Carles Mulet, que acepta la nueva denuncia presentada el 28 de marzo contra el alcalde del municipio Arteminu Siurana, por un posible delito de prevaricación, "al conceder licencias de ocupación a la empresa Marina d'Or en el PAI Torre la Sal a pesar de las advertencias de la Conselleria sobre la ilegalidad de dar este paso, abiendo diligencias de investigación".
Según indicó Mulet en un comunicado, el fiscal "ha estimado que después de estudiar otras denuncias presentadas por el grupo municipal ecosocialista, ahora en fase de diligencias de investigación penal contra el alcalde por asuntos igualmente relacionados con este PAI, se acuerda acumular las presentes diligencias a las anteriores".
Carles Mulet considera que "mientras que las Justicia investiga en torno a la posible gestión corrupta del PP en Cabanes, éstos continúan haciendo caso omiso a las advertencias, por lo que al final acabarán todos imputados como en Oropesa".
El representante de IdPV recordó que "además de estas tres investigaciones, Fiscalía tiene abierto otro frente por el tema del fraude electoral con el empadronamiento masivo de gente de fuera antes de las elecciones, en domicilios del alcalde y familiares directos suyos".

La Abogada la UE cree que la M-30 pudo incumplir las normas, pero delega en la Justicia española

EFE - hace 13 minutos
Bruselas, 30 abr (EFE).- La Abogada General del Tribunal de Justicia de la UE consideró hoy que la tramitación medioambiental de las obras de la M-30 pudo incumplir las normas europeas, pero señaló que debe ser la justicia española la que lo dictamine.
La jurista considera que el proyecto podría haber necesitado un examen previo de impacto medioambiental similar al de las carreteras interurbanas, a pesar de que no lo afrontó al ser considerado una reforma urbana.
La Abogada General de la Corte con sede en Luxemburgo respondió así a una cuestión prejudicial planteada a principios de 2007 por un juzgado madrileño, con el objetivo de esclarecer si la reforma de la M-30 cumplió con la legislación comunitaria tras una denuncia de Ecologistas en Acción.
La opinión de la Abogada, que en la mayoría de los casos anticipa la sentencia definitiva del Tribunal, señala que en determinados casos una obra urbana puede necesitar de los estudios de impacto requeridos por la UE, pese a que la interpretación española de la directiva los limita a las carreteras interurbanas.
En concreto, serían obligatorios en el caso de la construcción en zona urbana de autopistas o vías rápidas, de vías de cuatro o más carriles o cuando una carretera de dos carriles o menos se amplía para tener cuatro o más.
En el caso concreto de la M-30, la Abogada reconoce que se trata de un proyecto de reforma y no de una vía nueva, pero considera que en vista de sus repercusiones medioambientales puede equivaler a la construcción de una nueva carretera.
Además, afirma que en caso de que varios proyectos presentados como obras independientes puedan afectar significativamente al medio ambiente, su impacto se deberá evaluar de forma global, y asegura que los posibles efectos positivos de una obra no eliminan la necesidad de evaluar las consecuencias negativas que pueda tener.
Sin embargo, la Abogada señala también que, en principio, "la evaluación reglada del impacto medioambiental puede ser sustituida por medidas equivalentes, siempre que éstas respeten ciertas exigencias mínimas".
Así, considera que el Tribunal de Justicia comunitario "se halla en la imposibilidad" de dictaminar si el Ayuntamiento madrileño cumplió con sus obligaciones.
En 2006, la Comisión Europea emprendió un proceso de infracción contra el proyecto de la M-30 -que implica también a la Comunidad de Madrid en tanto que autoridad ambiental responsable- al entender que no estaba respetando la directiva europea sobre evaluación de impacto ambiental.
Sin embargo, Bruselas archivó el proceso en 2007 tras pactar con las autoridades responsables un calendario para realizar los estudios de impacto obligatorios.
Por el momento, y aunque ha detectado retrasos, la CE considera que Madrid está cumpliendo los acuerdos.
Tras la opinión de la Abogada General dada a conocer hoy, los jueces europeos deberán pronunciarse sobre las cuestiones planteadas por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 22 de Madrid que trata el litigio entre Ecologistas en Acción y el Ayuntamiento.
Una vez que tenga el pronunciamiento del la Corte con sede en Luxemburgo, será el tribunal madrileño el encargado de dictar sentencia sobre el caso.

Director comercial de Aifos niega pagos a Roca y dice que los hizo al Consistorio y están probados

MARBELLA (MÁLAGA), 10 (EUROPA PRESS) - El director comercial de Aifos, Francisco García Lebrón, prestó hoy declaración indagatoria ante el actual juez instructor del caso 'Malaya', Óscar Pérez, y negó que hubiera hecho pago alguno al presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca, según manifestaron fuentes de las defensas.
En su comparecencia cuando fue detenido, García Lebrón amplió su declaración inicial y reconoció presuntos pagos a Roca, tras lo que el anterior instructor, Miguel Ángel Torres, modificó el auto de prisión dictado, dejando al entonces imputado en libertad bajo fianza. Hoy insistió en que "todos los pagos que ha hecho han sido al Ayuntamiento y en base a unos convenios que están firmados y puede acreditar documentalmente", según indicaron las mismas fuentes.
El director comercial de Aifos no se ratificó en ninguna de sus anteriores declaraciones, ya que consideró que "en ese momento, después de pasar cinco días en los calabozos y con un ataque de ansiedad, no se encontraba en las condiciones exactas para poder prestar declaración".
Según consta en el auto de procesamiento, García Lebrón, que esta procesado por un supuesto delito de cohecho, manifestó en su declaración del 2 de julio de 2006 que el Hotel Guadalpín Banús tenía un problema de edificabilidad ya que sobrepasaba unos 1.300 metros de lo que establecía el proyecto básico y que Roca le dijo que la forma de solucionar el problema era hacer un convenio y así conseguirían la licencia al proyecto de ejecución.
Así, en ese momento precisó que éste "le exigió que tenían que pagar la cantidad prevista en el convenio y, además, darle a él una suma equivalente al 20 o 25 por ciento de la cantidad prevista en el convenio". Asimismo, apuntó en dicha ampliación de la declaración que "se vieron obligados a acceder a la exigencia de este señor por diversas razones como que son una empresa pequeña y necesitan construir en Marbella para poder atender las exigencias de los bancos, y también tienen 2.000 trabajadores que dependen de la empresa, y además también en parte por miedo a denunciar".
OTRAS INDAGATORIAS.
Por otro lado, también comparecieron hoy los empresarios Emilio Rodríguez Bugallo, propietario de Construcciones Salamanca S.L., y Eusebio Sierra, presidente de la promotora Proincosta, ambos procesados también por un presunto delito de cohecho.
Bugallo, según indicaron las fuentes, se ratificó en sus declaraciones anteriores y aprovechó para matizar que "nunca entregó dinero a Roca ni a ninguna persona dependiente de él ni a concejales", añadiendo que "mucho menos con el objeto de conseguir resoluciones favorables y que en ningún caso ha hecho pago alguno al Ayuntamiento que no sea por los convenios que tiene firmados".
El propietario de Construcciones Salamanca también explicó que "de hecho, aún tiene obras pendientes a que se apruebe el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)" y que "todos los convenios suscritos han seguido todo el rigor urbanístico que se requiere y sin incurrir en la ilegalidad".
Por su parte, el presidente de Proincosta se ratificó en sus declaraciones y al igual que los dos procesados anteriores "negó haber entregado dinero a Roca para conseguir resoluciones favorables para su promotora". Éste, según el auto de procesamiento, "habría pagado 60.000 euros para obtener un reconocimiento de deuda de unas obras impuestas por Roca y en pago de esa deuda una concesión administrativa a favor de su sociedad".

Prisión eludible bajo fianza de 200.000 euros para el ex alcalde de Totana

MADRID (AFP) - La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) decretó este viernes prisión provisional eludible bajo fianza de 200.000 euros para el ex alcalde de Totana y diputado del Grupo Mixto en la Asamblea Regional, Juan Morales.
Morales respondió durante más de 12 horas al magistrado instructor Julián Pérez Templado y a los fiscales del caso 'Tótem', sobre presuntos delitos de cohecho, falsedad en documento público, falso testimonio, omisión del deber de perseguir delitos, tráfico de influencias, fraude, malversación de caudales públicos, prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos, contra la intimidad y blanqueo de capitales.
"Después de casi cuatro meses es la primera declaración que puedo hacer ante los tribunales, cuando a mi ya se me ha condenado y se me ha ejecutado", declaró al término de su declaración el ex alcalde, que dijo sentirse "profundamente cansado" aunque "realmente satisfecho" y confiado en que "se haga un juicio justo y se demuestre que soy absolutamente inocente". "Me reservo las acciones oportunas contra todas las personas que han atentado contra mi honor, mi intimidad y mi propia imagen", advirtió.
"Me he enfrentado por la defensa de los intereses de los vecinos de mi pueblo y está ahí la hemeroteca para comprobarlo, con personas e instituciones que no me han traído ningún beneficio", defendió, recordando que "cuando hubo unas inundaciones y yo reivindiqué ayudas para mi pueblo el Gobierno regional y algunos miembros del Ejecutivo me tiraron duramente de las orejas porque yo defendía los intereses de mi pueblo".
Morales fue alcalde de la localidad murciana de Totana de 1995 a 1999 y de 2003 a 2007. Asimismo, durante ocho años fue concejal del consistorio. A raíz del escándalo desatado por el caso 'Tótem', la Dirección Regional del Partido Popular aceptó su baja cautelar y voluntaria en diciembre. Los miembros del PP "son gente extraordinaria que me han enseñado mucho y sólamente tengo palabras de agradecimiento al presidente, a los consejeros, diputados, y a los que han pasado por el Gobierno regional y ya no están", afirmó.
En cuanto a su acta de diputado del Grupo Mixto, aseguró que cuando se levante el secreto de sumario y pueda demostrar su inocencia, acudirá a la Asamblea Regional .
Fuentes del TSJRM revelaron que para eludir la prisión condicional el imputado tendrá de plazo hasta el lunes a las 14h00 para pagar la fianza

La Fiscalía pide 7 años de cárcel para el ex director de Industria del Gobierno canario por el 'Caso eólico'

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 4 (EUROPA PRESS) - La Fiscalía contra la Corrupción y el Crimen Organizado de la provincia de Las Palmas ha pedido siete años de cárcel e inhabilitación para cargo público durante 11 años para el ex director general de Industria y principal acusado del 'Caso Eólico', Celso Perdomo (PP), por los presuntos delitos de violación de secretos, cohecho y malversación de fondos públicos.
El fiscal Anticorrupción Luis de Río ha remitido su escrito de calificaciones al juez del Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, Miguel Angel Parramón, en relación a esta presunta trama de corrupción que se destapó en el archipiélago en febrero de 2006 tras la denuncia de un empresario por supuestas irregularidades en el concurso de energía eólica convocado por el Gobierno de Canarias con Luis Soria como consejero de Industria.
En concreto, el fiscal pide en su escrito para Celso Perdomo, por la acusación de violación de secretos, dos años de prisión, inhabilitación para ejercer el derecho de sufragio pasivo (presentarse a unas elecciones) durante el mismo tiempo e inhabilitación especial para todo empleo o cargo público en la administración autonómica local o del Estado por cinco años por el presunto delito de violación de secretos.
En cuanto al supuesto delito continuado de cohecho, el Ministerio Público pide para él dos años de cárcel e inhabilitación para cargo público durante seis años y multa de 300.000 euros. Por el también presunto delito continuado de malversación de caudales, solicita tres años de prisión, inhabilitación durante el mismo tiempo y suspensión de todo empleo público durante tres años y multa de cuatro meses con cuota diaria de 200 euros

Destapan un fraude masivo en la tramitación de permisos para extranjeros

La Policía ha detectado un centenar de expedientes irregulares en la tramitación de permisos de residencia para extranjeros en la Oficina de Extranjería de Palma a raíz de una investigación iniciada hace más de medio año, según informa hoy el Diario de Mallorca.

El presunto y más que probalble fraude habría salido a la luz gracias a una actuación conjunta de la fiscalía, un juzgado de instrucción de Palma y los agentes de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsificación (UCRIF) del Cuerpo Nacional de Policía.

Las investigaciones comenzaron en 2007 tras descubrir varios casos de falsificación de contratos laborales que eran utilizados para obtener permisos de residencia.

De momento, según asegura la citada fuente, las averiguaciones llevadas a cabo han revelado que hasta ahora hay al menos cien expedientes con irregularidades, lo que hace suponer que el presunto fraude es mucho mayor de lo que se sospechaba inicialmente.

Funcionarios bajo sospecha, algo nunca visto en España

Si bien, en un principio el sospechoso principal era un funcionario de la Oficina de Extranjería de Palma, que presuntamente habría amañado la documentación, en la actualidad los investigadores no descartan que haya más implicados en el caso, incluso, a niveles superiores.

A este primer detenido se le imputa un delito de falsedad documental, cohecho, favorecimiento de la inmigración ilegal y un delito contra los derechos de los trabajadores. La policía cree que tramitaba permisos de residencia utilizando contratos de trabajos falsos, en los que falsificaba las firmas de los supuestos empresarios, a cambio de dinero.

La policía también ha arrestado a un gestor por su presunta implicación en los hechos. Este profesional debía declarar ayer también en la Jefatura de Palma, en presencia de su letrado. Por el momento, la operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

A disposición judicial los 6 detenidos por corrupción urbanística en Zurgena, entre ellos el alcalde

La Guardia Civil de Almería puso a primera hora de hoy a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Huércal-Overa (Almería) a los seis detenidos por su presunta implicación en la construcción de alrededor de un millar de viviendas sobre suelo rústico en el término municipal de Zurgena (Almería), entre los que se encuentran el alcalde de la localidad, Cándido Trabalón (PA), y el concejal de Urbanismo, Manuel Tijeras (PA).
Fuentes de la investigación señalaron a Europa Press que los arrestados, a los que se suman, junto a los anteriores, los constructores Tomás Zurano, presidente de Grupo Dizu y del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública, Ceacop, y Antonio López, un arquitecto municipal y un aparejador, llegaron a las dependencias judiciales sobre las 10.00 horas de hoy.
A todos se les imputa la comisión de los delitos de prevaricación, cohecho y contra la ordenación del territorio tras una investigación abierta en 2006 por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), que derivó en la incoación de diligencias por parte de la Fiscalía de Medio Ambiente y el Juzgado de Instrucción número dos de Huércal-Overa.
Las detenciones se practicaron el pasado miércoles dentro de la denominada operación 'Costurero', ordenada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Huércal-Overa y dentro de la cual se efectuaron también distintos registros en domicilios y empresas de Albox, Garrucha, la capital y Zurgena, en cuyo ayuntamiento los agentes del Grupo de Delitos Urbanísticos intervinieron diverso material informático y documentación.
Tanto el primer edil como el también primer teniente de alcalde ---quienes se presentaron a la reelección en las elecciones municipales de 2007 en las que alcanzaron la mayoría absoluta con ocho de los once concejales-- fueron citados a declarar en relación con este caso en enero de 2007 aunque en calidad de testigos.
El juez investigaba, tal y como sostiene el Fiscal de Medio Ambiente, Juan Sánchez, si se produjo la comisión de delito de prevaricación y contra la ordenación del territorio en la autorización municipal a seis promociones de viviendas ejecutadas por cuatro empresas en pedanías del municipio.
Algunas de ellas se encuentran paralizadas como medida cautelar después de que la Junta de Andalucía impugnase ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía las licencias municipales que el Consistorio ratificó por silencio administrativo pese a la solicitud de revisión tramitada por la delegación provincial de Obras Públicas.
El Ayuntamiento de Zurgena (Almería) aprobó en febrero de 2007 la delimitación de suelo urbano (DSU) del término municipal que situaba dentro de esta calificación las más de 1.000 viviendas denunciadas ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial por el Seprona de la Guardia Civil e impugnadas por la Junta de Andalucía.
El documento, aprobado en pleno el pasado con la abstención de los ediles en la oposición, fija en 358 hectáreas el suelo urbano de Zurgena y declara urbanizables más de 122 hectáreas en la pedanía de Carasoles-Cucador y otras 111,50 hectáreas en La Alfoquía donde, según el atestado del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, se detectaron cerca de 350 viviendas construidas sobre suelo rústico.
Las otras pedanías donde se detectaron irregularidades --hasta otras 600 residencias-- también vieron incrementada la extensión de suelo urbano. En Los Llanos del Peral adquirieron esta calificación sus 390.000 metros cuadrados de suelo mientras que en Los Menchones la superficie alcanzó los 142.800 metros cuadrados.
La propia comisión de Peticiones del Parlamento Europeo concluyó en el informe elaborado a raíz de su visita a la comarca del Almanzora y al Levante almeriense en febrero de 2007 que las autoridades provinciales de Almería "reconocieron" que "un número de autoridades municipales han actuado incorrectamente", por lo que muchos alcaldes están siendo procesados y también que "en muchos casos, considerables sumas de dinero se generaron de estas prácticas ilegales".
europapress.es - 4/4/2008 10:35 AM

Bermejo califica de ´fraude´ el referéndum sindical porque ´sólo pudieron votar los huelguistas´

EUROPA PRESS .- El ministro de Justicia en funciones, Mariano Fernández Bermejo, calificó hoy de "fraude no digno de un sistema democrático" el referéndum celebrado ayer en el que los sindicatos convocantes de la huelga apoyaron continuar con las movilizaciones, al señalar que se desarrolló con "la opacidad más absoluta" y que "sólo se permitió votar a los huelguistas".
En rueda de prensa en la sede de su departamento, Fernández Bermejo dio a conocer que las reuniones con la mesa de negociación volverán a reanudarse mañana y anunció una nueva instrucción que aumentará los servicios mínimos para "garantizar los derechos de los ciudadanos". De igual modo, expresó su "optimismo" sobre una próxima resolución del conflicto y prometió ser "comprensivo" con los huelguistas. Sobre el "simulacro de referéndum" organizado por los sindicatos convocantes (CCOO, UGT, CSI-CSIF y STAJ), en el que el 88 por ciento de los funcionarios consultados apoyaron continuar con la huelga, el titular de Justicia aseguró que se realizó después de "un proceso selectivo" mediante el cual únicamente votaron los sindicalistas "de pata negra" que habían secundado el paro "en los últimos días". Según su información, las irregularidades en esta "consulta interna" fueron constantes, ya que incluso se llegaron a contabilizar "votos por fax". Como ejemplo, señaló el caso de Baleares, en el que la votación fue anulada porque, según el ministro, "votaban funcionarios que no eran huelguistas". "Se pretendía que hubiera un 'no' y lo ha habido, era un rechazo masivo que se ha articulado", aseguró.
Bermejo también criticó que las centrales sindicales, que iniciaron el 4 de febrero la huelga para solicitar la equiparación salarial de los funcionarios dependientes del Ministerio con los de las comunidades a las que se ha transferido esta competencia, hayan "torpedeado" el "principio de acuerdo" que, según él, suscribieron ambas partes el pasado 1 de abril. En este sentido, acusó a los sindicatos de "incumplir" los compromisos que adoptaron en este documento, que "apoyaron" con su firma y en el que prometían someter a referéndum la última propuesta del Ministerio, consistente en un incremento de 140 euros este año y de 40 más en 2009. A su entender, los sindicatos han levantado un "muro de intransigencia" hacia el Ministerio, ya que "no ofrecen contrapartidas" a sus ofertas y siguen realizando reivindicaciones "inviables, no decentes y fuera de todo sentido", como que los huelguistas reciban la parte del salario que se les ha descontado o que la recuperación del trabajo no realizado se haga exclusivamente en horario laboral. "Pretenden que el Estado pague la huelga", se quejó antes de censurar que algunos funcionarios "estén ejerciendo su derecho a la huelga con vandalismo". El ministro, que ha dirigido una carta a las Ejecutivas Federales de los cuatro sindicatos en la que les solicita que cumplan el acuerdo en los términos en los que se firmó, consideró en todo caso "muy importante" la actuación de la dirección de UGT, que se comprometió a desconvocar la huelga si el Gobierno volvía a reunir a la mesa de negociación en el plazo de 48 horas.

El juez deniega el amparo a los ex diputados socialistas tránsfugas Tamayo y Sáez

El Tribunal Constitucional ha denegado a los ex diputados tránsfugas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez el amparo que pidieron contra la decisión que adoptó en 2003 la Mesa de la Asamblea de Madrid, de excluir a Tamayo de la Comisión de Investigación que se creó para analizar las causas de su deserción del grupo socialista.
La Sala Primera emitió el pasado 10 de marzo esta sentencia, de la que ha sido ponente el Magistrado Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, según ha informado hoy el Tribunal. La ausencia, el 10 de junio de 2003, de los entonces diputados del PSOE Tamayo y Sáez de la sesión constitutiva de la Asamblea impidió al también socialista Rafael Simancas gobernar en la Comunidad de Madrid, lo que originó una crisis institucional sin precedentes.
El PSOE sostuvo entonces que una "trama de corrupción urbanística" en la que supuestamente estaban implicados altos cargos del PP era la causa de la fuga, por lo que se creó una Comisión de Investigación en el Parlamento regional.
Tamayo reivindicó entonces su derecho a participar en las sesiones de esa Comisión como portavoz del grupo parlamentario mixto, pero al final, tras los informes jurídicos que pidió la presidenta de la Asamblea, Concepción Dancausa, la Mesa de la Cámara se lo impidió y sólo estuvo presente el día de su propia comparecencia.
La decisión de la Mesa fue recurrida por los tránsfugas ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que no admitió a trámite el recurso, por lo que pidieron amparo al Constitucional.

Competencia expedienta a la patronal alimentaria por pactar precios

La Comisión Nacional de la Competencia ha anunciado que ha incoado expedientes sancionadores contra asociaciones de empresarios del sector de la industria alimentaria en relación con las investigaciones iniciadas el otoño pasado sobre la evolución alcista del precio de los alimentos.

Una vez analizada la información recabada en las inspecciones llevadas a cabo octubre de 2007, la Dirección de Investigación de Competencia estima que "parece improbable probar la existencia de acuerdos explícitos entre los productores o comercializadores de alimentos para elevar los precios".

No obstante, a la luz de dicha información analizada y, en especial, de las numerosas declaraciones y comunicaciones realizadas desde las asociaciones de empresarios del sector, se estima que éstas podrían constituir en sí prácticas que "podrían tener por objeto o efecto restringir, limitar o impedir la competencia".

De esta forma, Competencia ha decidido incoar expediente sancionador a la Federación de Industrias Alimentarias y de Bebidas así como a diversas asociaciones dependientes de ésta; a la Organización Interprofesional de Avicultura de Carne de Pollo del Reino de España (Propollo), a la Organización Interprofesional del Huevo y sus Productos (Inprovo), así como a la Asociación de Fabricantes de Pan del Principado de Asturias.

Caso de Mari Luz Cortés: una cadena de despropósitos

Europa Press - martes, 1 de abril, 12.24
MADRID, 1 (EUROPA PRESS) - El ministro de Justicia en funciones, Mariano Fernández Bermejo, denunció hoy que "alguien ha estado intentado hacer correr una cortina de humo sobre lo que ha ocurrido" alrededor del asesinato de Mari Luz Cortés al querer abrir un debate sobre la cadena perpetua y defendió que sobre lo que hay que discutir es "sobre los errores" en este caso, que consideró "una anomalía".
En declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press, Bermejo aseguró que el debate sobre la cadena perpetua "debería cerrarse porque la Constitución es clara" al respecto y se preguntó "cómo se puede sacar" esta discusión si "las penas impuestas de más de tres años no se han cumplido".
A juicio de Bermejo, "quien ha sacado ese debate intentaba que no se hablara de lo que ha ocurrido, que no se han ejecutado las penas" impuestas al presunto autor de la muerte de la niña onubense, Santiago del Valle, quien, a pesar de tener varias condenas firmes por abusos sexuales a menores continuaba en libertad.
Del mismo modo, apuntó que "el registro de pederastas" del que se ha hablado en los últimos días es "otra cortina de humo" y defendió que "será necesario cuando hayan funcionado las cosas". En su opinión, "basta con que las cosas funcionen con normalidad como ocurren normalmente" y se cumpla la ley.
"Hoy el debate es que ha fallado el sistema", sentenció Bermejo, que pidió que no se intente "desviar la atención" porque "hay que ser un poco más responsables con este tema". "Pretender tapar el debate que debe producirse acerca de los errores me parece poco serio", agregó.
Tras conocerse el caso, el portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGJP), Enrique López, pidió en declaraciones a los medios de comunicación que se abriera una reflexión sobre la conveniencia de incorporar la cadena perpetua al Código Penal. Sus declaraciones han provocado que seis vocales del denominado sector "progresista" del CGPJ elevaran un escrito al Pleno que se celebrará mañana solicitando la reprobación del portavoz y su cese como vocal del órgano de gobierno de los jueces.

UNA "ANOMALÍA"
Para el ministro en funciones, éste ha sido "uno de esos casos especialmente desafortunados donde se van enlazando decisiones erróneas" hasta llegar a un final "realmente espectacular".
No obstante, subrayó que estas situaciones son "infrecuentes", por lo que en el caso de la pequeña onubense estamos "en presencia de una anomalía" en la que "el sistema no ha funcionado, ha desprotegido" y que será "objeto de responsabilidades".
Así, indicó que deberá ser el CGPJ el encargado de "indagar" sobre la actuación del juez que no emitió una orden de busca y captura contra Del Valle y sobre la "cadena de despropósitos" que se han producido en este caso. "La competencia para controlar disciplinariamente a los jueces la tiene el CGPJ, nadie más", subrayó.