Presidente TSJA reconoce que la justicia 'llega tarde' al control de los delitos urbanísticos

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Augusto Méndez de Lugo, reconoció hoy que la Justicia 'llega tarde' al control de los delitos urbanísticos y medioambientales ya que no siempre cuenta con la 'prontitud' que requieren estos asuntos, si bien aseguró que se actúa con 'toda la contundencia' que permite la ley.

En comparecencia parlamentaria para presentar la Memoria de actividades y funcionamiento del TSJA 2007, Méndez de Lugo dijo que Andalucía en materia urbanística tiene la 'especial singularidad' del 'boom' turístico de toda la costa, que ha generado unas construcciones que ha tenido consecuencias tales como la aparición de situaciones 'anómalas'.

En este sentido, manifestó que estas situaciones han producido que se hagan intervenciones que a la postre han generado en investigaciones. Así las cosas,, Méndez de Lugo indicó que cuando se produce un asunto de envergadura 'colapsa a un juzgado por completo como ocurrió en Marbella y como sucederá en Estepona', ya que 'un juez y un fiscal medianamente preparados difícilmente pueden hacer frente a un asunto de esta índole porque esto requiere dedicación exclusiva'. 'Eso se obviaría de alguna manera si hubiese un equipo de jueces volantes para reforzar órganos judiciales en momentos determinados', apostilló.

De esta manera, puso de manifiesto 'para una mayor eficacia' la necesidad de que los juzgados y tribunales cuenten con peritos expertos en contabilidad, así como que los jueces y magistrados adquieran también conocimientos en la materia para 'interpretar todos esos macroprocesos que se escapan siempre entre la oscuridad de los números y los papeles que quieren reflejar una situación normal, cuando lo que hay debajo es una situación anómala'.

'Si todos nos pusiéramos más a tono para arreglar a justo tiempo estos males, posiblemente no llegaríamos a situaciones como las que se han producido', añadió el presidente del TSJA, quien reiteró que la Justicia ha actuado 'no con la prontitud necesaria' entre otros asuntos porque los juzgados de lo Contencioso están trabajando con 'sobrecarga añadida de otras materias que no dejan que asuntos como estos tengan la prontitud que todos deseamos'.

Para todo esto, reclamó 'más medios materiales y humanos que auxilien a jueces y magistrados', una oficina 'moderna y ágil' especializada en este tipo de causas y 'que se llegue a la digitalización de expedientes para que los documentos estén en lugar seguro y no haya penosas situaciones de desapariciones de causas'.

Previamente a la comparecencia, Méndez de Lugo manifestó en declaraciones a los periodistas sobre la trama de corrupción urbanística destapada en Estepona que estos asuntos generan 'cierta alarma social', pero es un síntoma de que los organos judiciales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado funcionan, por lo que cuando los presuntos responsables lleguen a juicio, 'tendrán las sanciones correpondientes'.

Europa Press

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Hoy se hace pública la sentencia del caso 'Andratx' en la Audiencia de Palma

El Tribunal de la Sección segunda de la Audiencia Provincial de Palma, que presidió los pasado 5, 6, 7 y 8 de mayo la vista oral de la primera pieza del caso 'Andratx', hará pública la sentencia del caso hoy, lunes.
Para ello, el Tribunal ha convocado una vista pública a las 12:00 horas en la misma sala de la Audiencia Provincial en la que se celebró el juicio en el que figura como acusado el ex alcalde popular de la localidad Eugenio Hidalgo.
El ponente de la sentencia dará lectura a una parte de la resolución judicial referente a los hechos probados y el fallo, en una vista a la que han sido convocadas todas las partes personadas en el sumario.
Un chalé en un terreno protegido
La causa juzgada, la primera de corrupción urbanística en Mallorca, se refiere a la construcción de un chalé en una caseta de aperos ubicada en un terreno con protección especial, propiedad del ex primer edil del municipio.
La Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular se ratificaron en la petición de penas para los cuatro acusados, el ex alcalde; el ex director general de Ordenación del Territorio Jaume Massot; el ex celador del consistorio Jaume Gibert, y el ex asesor jurídico del Ayuntamiento José Ignacio Mir.
La defensa, por su parte, pidió la libre absolución, salvo en el caso de Gibert, para quien ha aceptado la petición de 4 meses de prisión, 10 meses de multa y 18 de inhabilitación, tras acordar su colaboración con la Fiscalía en la revelación de otros delitos del caso.

Jaume Font (PP) comparece como imputado en el caso del Plan Territorial de Mallorca

Font es portavoz del PP en el Consell de Mallorca y ex-conseller de Medio Ambiente.
Investigan los supuestos delitos de tráfico de influencias, información privilegiada y prevaricación.
La Fiscalía involucra también en el caso al presidente del Mallorca y al portavoz de Unió Mallorquina en el Parlament, entre otros.

El portavoz del PP en el Consell de Mallorca y ex-conseller de Medio Ambiente, Jaume Font, comparece hoy, a partir de las 10.00 horas, ante el juez Miquel Florit como imputado en el caso del Plan Territorial de Mallorca (PTM), en el marco de la investigación que se está llevando a cabo en torno a una supuesta trama de corrupción que podría haber generado ´pelotazos´ por valor de más de 300 millones de euros, derivados de las plusvalías de la compraventa de terrenos.
Investigan el uso de información privilegiada para beneficiar a importantes promotores de la isla
La comparecencia de Font se producirá a raíz de su supuesta implicación en las irregularidades que se investigan en el PTM, norma urbanística que salió adelante en la pasada legislatura, concretamente en 2004, con los votos favorables de PP y UM (Unió Mallorquina) y en contra de la oposición.
La querella de la Fiscalía, en la que también involucra al portavoz de UM en el Parlament y ex conseller de Ordenación del Territorio, Bartomeu Vicens, al promotor y propietario del grupo inmobiliario Ibercon, Mateu Sastre, y al dueño del Grupo Drac y presidente del RCD Mallorca, Vicenç Grande, analiza indicios incriminatorios en la compraventa de solares en las áreas de reconversión investigadas, como las de Marratxí, Campos, Sóller, Pollença y Alcúdia.
Concretamente, el juez investiga si pudieron cometerse varios delitos mediante la filtración de información privilegiada para beneficiar a importantes promotores de la isla.
Según el Miniterio Público, un informe pericial ha valorado en más de 297 millones de euros las plusvalías que se generaron en dichos terrenos, por lo que el juez Florit está investigando los supuestos delitos de tráfico de influencias, información privilegiada y prevaricación, tras una denuncia presentada por el GOB, que, posteriormente, fue ampliada por la Fiscalía Anticorrupción.
Durante las últimas semanas, Font ha negado pronunciarse sobre su imputación en el caso, si bien ha asegurado sentirse "perfectamente respaldado" por su partido, así como "muy tranquilo" respecto a su participación en distintas actuaciones relacionadas con el PTM.
EUROPA PRESS. 23.05.2008

El juez Grande-Marlaska cita a declarar como imputados a cinco altos militares por el Yak-42

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska citó hoy a declarar como imputados para los próximos días 23 y 24 de junio a cinco miembros que se encontraban en la cúpula militar en 2003 por 62 homicidios por imprudencia grave en relación con la causa que investiga las posibles irregularidades que se cometieron en la contratación del avión Yakovlev-42, que se estrelló en mayo de ese año causando la muerte de todos sus ocupantes. El magistrado cita al jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Antonio Moreno Barberá, a quien la Fiscalía atribuye 'todas las competencias en cuanto al desarrollo de las misiones internacionales de las Fuerzas Armadas'; y del jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), general de División Juan Luis Ibarreta, al que considera 'responsable de la contratación' del aparato. Los otros tres mandos militares que comparecerán en el Juzgado Central de Instrucción número 3 son el jefe de la División de Operaciones del EMACON y del Grupo de Control del Contrato, contraalmirante José Antonio Martínez; el coronel jefe de la Sección de Logística de la División de Operaciones de EMACON, Joaquín Yáñez; y el comandante de la Sección Logística de este departamento, Alfonso Elías Lorenzo. El accidente del Yakovlev-42, que tuvo lugar en Trabzon (Turquía) el 26 de mayo de 2003, provocó la muerte de 62 militares españoles que regresaban de su misión en Afganistán, en lo que significó la mayor catástrofe de las Fuerzas Armadas españolas en tiempos de paz. 'OMISIÓN' POR PARTE DEL EMACON
Grande-Marlaska, que accede de esta forma a la solicitud que le realizó ayer el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Fernando Burgos, justifica la imputación de los cinco militares por 'un delito de imprudencia grave con resultado de distintas muertes'. A todos ellos les atribuye la 'omisión' en 'el control efectivo del cumplimiento del contrato de ventas' que el Ministerio de Defensa suscribió con la agencia de la OTAN Namsa para el desplazamiento de tropas en Afganistán.
La 'responsabilidad' que pueda derivarse de la instrucción corresponde al EMACON porque, según argumenta el magistrado, este organismo fue el que contrató el vuelo con Namsa, que se encargó, por su parte, de actuar como 'agente de contratación' de los aparatos. Para ello, elaboró una lista de 'empresas adecuadas' para desarrollar los vuelos, preparó el contrato, lo administró y lo formalizó.El juez también advierte de que la imputación no excluye 'una investigación sobre el abono del precio' del vuelo y su 'destino efectivo'. El 75% del dinero invertido en la contratación (149.000 euros) se perdió en la cadena de subcontrataciones, según puso ayer de manifiesto el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Fernando Burgos.De igual modo, Grande-Marlaska rechaza la imputación de otros 15 militares y civiles que solicitó la representación legal de un grupo de familias de las víctimas, al considerar que esta pretensión 'se sustenta en extremos ajenos a la responsabilidad que se investiga'.Este colectivo, representado por el abogado Leopoldo Torres, había solicitado también la imputación, entre otros, del jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), el teniente general Luis Alejandre Sintes; el jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire (JEMA), el teniente general Eduardo González-Gallarza Morales; y dos responsables de la compañía intermediaria Chapman Freeborn.REAPERTURA DE LA CAUSALa causa sobre las presuntas irregularidades en la contratación del Yak-42 se volvió a abrir en noviembre de 2007 después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional corrigiera las actuaciones del juez Fernando Grande-Marlaska.Desde ese momento comparecieron ante el magistrado el ex ministro de Defensa Federico Trillo, que atribuyó la responsabilidad de la contratación al EMACON; su sucesor en el cargo, José Bono, que aseguró que las quejas llegaron al jefe de gabinete del ministro; y otros cinco mandos militares.También testificaron en la Audiencia Nacional el ex presidente de la Asociación de Familiares de las víctimas, un perito aeronáutico propuesto por la acusación que atribuyó el accidente al cansancio de los pilotos, y un comandante que recibió un correo electrónico de un compañero fallecido en el accidente en el que le decía que el avión siniestrado había sido contratado a 'piratas aéreos'.En abril pasado, la Sala de lo Penal también obligó al juez Grande-Marlaska a reabrir una segunda causa relativa a la identificación errónea de los cadáveres, que se encuentra en los trámites previos al juicio oral.
- Europa Press

Coslada.- La Fiscalía de Madrid prevé pedir prisión provisional para 13 detenidos

MADRID, 12 (EUROPA PRESS) - La Fiscalía de Madrid prevé solicitar prisión provisional para 13 de los 24 detenidos en el marco de la denominada 'operación Bloque', que investiga desde el pasado jueves una trama de corrupción en la Policía Local de Coslada.
El Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid informó hoy, a Europa Press, que la solicitud de prisión se basaría en los delitos de asociación ilícita, amenazas y coacciones, delitos de abusos sexuales y cohecho, entre otras imputaciones.
Hasta ahora la magistrada del Juzgado número 1 de Coslada ha tomado declaración a doce de los trece arrestados, y que cuando concluya, pasará a celebrar una audiencia individual para decidir, a instancias de la Fiscal, sobre la situación personal de cada uno de los agentes.
Por otra parte, los otros dos arrestados que comparecieron ayer en Plaza de Castilla por haber sido detenidos en la capital madrileña, han recibido también orden de prisión.

El alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, se incorpora a su puesto en el Ayuntamiento

MURCIA, 12 (EUROPA PRESS) - El alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, se incorporó hoy a su puesto en el Consistorio tras salir de la cárcel en libertad provisional el pasado día 29 de abril, en la que ingresó acusado de un presunto delito de malversación y otro de prevaricación.
Según informaron fuentes del Ayuntamiento pachequero a Europa Press, García Madrid se encuentra "bien" aunque en su agenda de hoy "no tiene nada destacable". Asimismo, mañana el primer edil mantendrá una reunión con el consejero de Cultura, Juventud y Deportes, Pedro Alberto Cruz, para tratar temas relacionados con el Museo del Cabezo Gordo.
La primera teniente alcalde del municipio, Josefa Marín, ocupó desde el día 4 de abril y hasta el pasado 6 de mayo la alcaldía, aunque la semana pasada este cargo pasó a ocuparlo el segundo teniente alcalde, Antonio Madrid, ya que Marín cogió una baja por maternidad.
García Madrid visitó el Consistorio el pasado lunes "para empezar a ponerse al día sobre tramitaciones que se llevan a cabo", según explicó Antonio Madrid, que apuntó que el primer edil se había tomado unos días de vacaciones antes de incorporarse a su puesto al frente del Ayuntamiento.
Por su parte, el arquitecto técnico del municipio, Ramón Cabrera, que fue detenido un día antes que el alcalde y acusado de los mismos cargos, todavía no se ha incorporado a su puesto en el Consistorio.
Tanto el alcalde como el arquitecto municipal de Torre Pacheco están en libertad provisional desde el pasado día 29 aunque tienen la obligación de comparecer en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes, así como comunicar cualquier cambio de domicilio.

Castellón.- Fiscalía acepta una nueva denuncia contra el alcalde de Cabanes por un posible delito de prevaricación

CASTELLÓN, 24 (EUROPA PRESS) - El fiscal jefe de la Audiencia de Castellón, Javier Carceller, ha comunicado al portavoz del grupo municipal EU-Verds-IR y representante de Iniciativa en la localidad castellonense de Cabanes, Carles Mulet, que acepta la nueva denuncia presentada el 28 de marzo contra el alcalde del municipio Arteminu Siurana, por un posible delito de prevaricación, "al conceder licencias de ocupación a la empresa Marina d'Or en el PAI Torre la Sal a pesar de las advertencias de la Conselleria sobre la ilegalidad de dar este paso, abiendo diligencias de investigación".
Según indicó Mulet en un comunicado, el fiscal "ha estimado que después de estudiar otras denuncias presentadas por el grupo municipal ecosocialista, ahora en fase de diligencias de investigación penal contra el alcalde por asuntos igualmente relacionados con este PAI, se acuerda acumular las presentes diligencias a las anteriores".
Carles Mulet considera que "mientras que las Justicia investiga en torno a la posible gestión corrupta del PP en Cabanes, éstos continúan haciendo caso omiso a las advertencias, por lo que al final acabarán todos imputados como en Oropesa".
El representante de IdPV recordó que "además de estas tres investigaciones, Fiscalía tiene abierto otro frente por el tema del fraude electoral con el empadronamiento masivo de gente de fuera antes de las elecciones, en domicilios del alcalde y familiares directos suyos".

La Abogada la UE cree que la M-30 pudo incumplir las normas, pero delega en la Justicia española

EFE - hace 13 minutos
Bruselas, 30 abr (EFE).- La Abogada General del Tribunal de Justicia de la UE consideró hoy que la tramitación medioambiental de las obras de la M-30 pudo incumplir las normas europeas, pero señaló que debe ser la justicia española la que lo dictamine.
La jurista considera que el proyecto podría haber necesitado un examen previo de impacto medioambiental similar al de las carreteras interurbanas, a pesar de que no lo afrontó al ser considerado una reforma urbana.
La Abogada General de la Corte con sede en Luxemburgo respondió así a una cuestión prejudicial planteada a principios de 2007 por un juzgado madrileño, con el objetivo de esclarecer si la reforma de la M-30 cumplió con la legislación comunitaria tras una denuncia de Ecologistas en Acción.
La opinión de la Abogada, que en la mayoría de los casos anticipa la sentencia definitiva del Tribunal, señala que en determinados casos una obra urbana puede necesitar de los estudios de impacto requeridos por la UE, pese a que la interpretación española de la directiva los limita a las carreteras interurbanas.
En concreto, serían obligatorios en el caso de la construcción en zona urbana de autopistas o vías rápidas, de vías de cuatro o más carriles o cuando una carretera de dos carriles o menos se amplía para tener cuatro o más.
En el caso concreto de la M-30, la Abogada reconoce que se trata de un proyecto de reforma y no de una vía nueva, pero considera que en vista de sus repercusiones medioambientales puede equivaler a la construcción de una nueva carretera.
Además, afirma que en caso de que varios proyectos presentados como obras independientes puedan afectar significativamente al medio ambiente, su impacto se deberá evaluar de forma global, y asegura que los posibles efectos positivos de una obra no eliminan la necesidad de evaluar las consecuencias negativas que pueda tener.
Sin embargo, la Abogada señala también que, en principio, "la evaluación reglada del impacto medioambiental puede ser sustituida por medidas equivalentes, siempre que éstas respeten ciertas exigencias mínimas".
Así, considera que el Tribunal de Justicia comunitario "se halla en la imposibilidad" de dictaminar si el Ayuntamiento madrileño cumplió con sus obligaciones.
En 2006, la Comisión Europea emprendió un proceso de infracción contra el proyecto de la M-30 -que implica también a la Comunidad de Madrid en tanto que autoridad ambiental responsable- al entender que no estaba respetando la directiva europea sobre evaluación de impacto ambiental.
Sin embargo, Bruselas archivó el proceso en 2007 tras pactar con las autoridades responsables un calendario para realizar los estudios de impacto obligatorios.
Por el momento, y aunque ha detectado retrasos, la CE considera que Madrid está cumpliendo los acuerdos.
Tras la opinión de la Abogada General dada a conocer hoy, los jueces europeos deberán pronunciarse sobre las cuestiones planteadas por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 22 de Madrid que trata el litigio entre Ecologistas en Acción y el Ayuntamiento.
Una vez que tenga el pronunciamiento del la Corte con sede en Luxemburgo, será el tribunal madrileño el encargado de dictar sentencia sobre el caso.

Director comercial de Aifos niega pagos a Roca y dice que los hizo al Consistorio y están probados

MARBELLA (MÁLAGA), 10 (EUROPA PRESS) - El director comercial de Aifos, Francisco García Lebrón, prestó hoy declaración indagatoria ante el actual juez instructor del caso 'Malaya', Óscar Pérez, y negó que hubiera hecho pago alguno al presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca, según manifestaron fuentes de las defensas.
En su comparecencia cuando fue detenido, García Lebrón amplió su declaración inicial y reconoció presuntos pagos a Roca, tras lo que el anterior instructor, Miguel Ángel Torres, modificó el auto de prisión dictado, dejando al entonces imputado en libertad bajo fianza. Hoy insistió en que "todos los pagos que ha hecho han sido al Ayuntamiento y en base a unos convenios que están firmados y puede acreditar documentalmente", según indicaron las mismas fuentes.
El director comercial de Aifos no se ratificó en ninguna de sus anteriores declaraciones, ya que consideró que "en ese momento, después de pasar cinco días en los calabozos y con un ataque de ansiedad, no se encontraba en las condiciones exactas para poder prestar declaración".
Según consta en el auto de procesamiento, García Lebrón, que esta procesado por un supuesto delito de cohecho, manifestó en su declaración del 2 de julio de 2006 que el Hotel Guadalpín Banús tenía un problema de edificabilidad ya que sobrepasaba unos 1.300 metros de lo que establecía el proyecto básico y que Roca le dijo que la forma de solucionar el problema era hacer un convenio y así conseguirían la licencia al proyecto de ejecución.
Así, en ese momento precisó que éste "le exigió que tenían que pagar la cantidad prevista en el convenio y, además, darle a él una suma equivalente al 20 o 25 por ciento de la cantidad prevista en el convenio". Asimismo, apuntó en dicha ampliación de la declaración que "se vieron obligados a acceder a la exigencia de este señor por diversas razones como que son una empresa pequeña y necesitan construir en Marbella para poder atender las exigencias de los bancos, y también tienen 2.000 trabajadores que dependen de la empresa, y además también en parte por miedo a denunciar".
OTRAS INDAGATORIAS.
Por otro lado, también comparecieron hoy los empresarios Emilio Rodríguez Bugallo, propietario de Construcciones Salamanca S.L., y Eusebio Sierra, presidente de la promotora Proincosta, ambos procesados también por un presunto delito de cohecho.
Bugallo, según indicaron las fuentes, se ratificó en sus declaraciones anteriores y aprovechó para matizar que "nunca entregó dinero a Roca ni a ninguna persona dependiente de él ni a concejales", añadiendo que "mucho menos con el objeto de conseguir resoluciones favorables y que en ningún caso ha hecho pago alguno al Ayuntamiento que no sea por los convenios que tiene firmados".
El propietario de Construcciones Salamanca también explicó que "de hecho, aún tiene obras pendientes a que se apruebe el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)" y que "todos los convenios suscritos han seguido todo el rigor urbanístico que se requiere y sin incurrir en la ilegalidad".
Por su parte, el presidente de Proincosta se ratificó en sus declaraciones y al igual que los dos procesados anteriores "negó haber entregado dinero a Roca para conseguir resoluciones favorables para su promotora". Éste, según el auto de procesamiento, "habría pagado 60.000 euros para obtener un reconocimiento de deuda de unas obras impuestas por Roca y en pago de esa deuda una concesión administrativa a favor de su sociedad".

Prisión eludible bajo fianza de 200.000 euros para el ex alcalde de Totana

MADRID (AFP) - La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) decretó este viernes prisión provisional eludible bajo fianza de 200.000 euros para el ex alcalde de Totana y diputado del Grupo Mixto en la Asamblea Regional, Juan Morales.
Morales respondió durante más de 12 horas al magistrado instructor Julián Pérez Templado y a los fiscales del caso 'Tótem', sobre presuntos delitos de cohecho, falsedad en documento público, falso testimonio, omisión del deber de perseguir delitos, tráfico de influencias, fraude, malversación de caudales públicos, prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos, contra la intimidad y blanqueo de capitales.
"Después de casi cuatro meses es la primera declaración que puedo hacer ante los tribunales, cuando a mi ya se me ha condenado y se me ha ejecutado", declaró al término de su declaración el ex alcalde, que dijo sentirse "profundamente cansado" aunque "realmente satisfecho" y confiado en que "se haga un juicio justo y se demuestre que soy absolutamente inocente". "Me reservo las acciones oportunas contra todas las personas que han atentado contra mi honor, mi intimidad y mi propia imagen", advirtió.
"Me he enfrentado por la defensa de los intereses de los vecinos de mi pueblo y está ahí la hemeroteca para comprobarlo, con personas e instituciones que no me han traído ningún beneficio", defendió, recordando que "cuando hubo unas inundaciones y yo reivindiqué ayudas para mi pueblo el Gobierno regional y algunos miembros del Ejecutivo me tiraron duramente de las orejas porque yo defendía los intereses de mi pueblo".
Morales fue alcalde de la localidad murciana de Totana de 1995 a 1999 y de 2003 a 2007. Asimismo, durante ocho años fue concejal del consistorio. A raíz del escándalo desatado por el caso 'Tótem', la Dirección Regional del Partido Popular aceptó su baja cautelar y voluntaria en diciembre. Los miembros del PP "son gente extraordinaria que me han enseñado mucho y sólamente tengo palabras de agradecimiento al presidente, a los consejeros, diputados, y a los que han pasado por el Gobierno regional y ya no están", afirmó.
En cuanto a su acta de diputado del Grupo Mixto, aseguró que cuando se levante el secreto de sumario y pueda demostrar su inocencia, acudirá a la Asamblea Regional .
Fuentes del TSJRM revelaron que para eludir la prisión condicional el imputado tendrá de plazo hasta el lunes a las 14h00 para pagar la fianza

La Fiscalía pide 7 años de cárcel para el ex director de Industria del Gobierno canario por el 'Caso eólico'

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 4 (EUROPA PRESS) - La Fiscalía contra la Corrupción y el Crimen Organizado de la provincia de Las Palmas ha pedido siete años de cárcel e inhabilitación para cargo público durante 11 años para el ex director general de Industria y principal acusado del 'Caso Eólico', Celso Perdomo (PP), por los presuntos delitos de violación de secretos, cohecho y malversación de fondos públicos.
El fiscal Anticorrupción Luis de Río ha remitido su escrito de calificaciones al juez del Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, Miguel Angel Parramón, en relación a esta presunta trama de corrupción que se destapó en el archipiélago en febrero de 2006 tras la denuncia de un empresario por supuestas irregularidades en el concurso de energía eólica convocado por el Gobierno de Canarias con Luis Soria como consejero de Industria.
En concreto, el fiscal pide en su escrito para Celso Perdomo, por la acusación de violación de secretos, dos años de prisión, inhabilitación para ejercer el derecho de sufragio pasivo (presentarse a unas elecciones) durante el mismo tiempo e inhabilitación especial para todo empleo o cargo público en la administración autonómica local o del Estado por cinco años por el presunto delito de violación de secretos.
En cuanto al supuesto delito continuado de cohecho, el Ministerio Público pide para él dos años de cárcel e inhabilitación para cargo público durante seis años y multa de 300.000 euros. Por el también presunto delito continuado de malversación de caudales, solicita tres años de prisión, inhabilitación durante el mismo tiempo y suspensión de todo empleo público durante tres años y multa de cuatro meses con cuota diaria de 200 euros

Destapan un fraude masivo en la tramitación de permisos para extranjeros

La Policía ha detectado un centenar de expedientes irregulares en la tramitación de permisos de residencia para extranjeros en la Oficina de Extranjería de Palma a raíz de una investigación iniciada hace más de medio año, según informa hoy el Diario de Mallorca.

El presunto y más que probalble fraude habría salido a la luz gracias a una actuación conjunta de la fiscalía, un juzgado de instrucción de Palma y los agentes de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsificación (UCRIF) del Cuerpo Nacional de Policía.

Las investigaciones comenzaron en 2007 tras descubrir varios casos de falsificación de contratos laborales que eran utilizados para obtener permisos de residencia.

De momento, según asegura la citada fuente, las averiguaciones llevadas a cabo han revelado que hasta ahora hay al menos cien expedientes con irregularidades, lo que hace suponer que el presunto fraude es mucho mayor de lo que se sospechaba inicialmente.

Funcionarios bajo sospecha, algo nunca visto en España

Si bien, en un principio el sospechoso principal era un funcionario de la Oficina de Extranjería de Palma, que presuntamente habría amañado la documentación, en la actualidad los investigadores no descartan que haya más implicados en el caso, incluso, a niveles superiores.

A este primer detenido se le imputa un delito de falsedad documental, cohecho, favorecimiento de la inmigración ilegal y un delito contra los derechos de los trabajadores. La policía cree que tramitaba permisos de residencia utilizando contratos de trabajos falsos, en los que falsificaba las firmas de los supuestos empresarios, a cambio de dinero.

La policía también ha arrestado a un gestor por su presunta implicación en los hechos. Este profesional debía declarar ayer también en la Jefatura de Palma, en presencia de su letrado. Por el momento, la operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

A disposición judicial los 6 detenidos por corrupción urbanística en Zurgena, entre ellos el alcalde

La Guardia Civil de Almería puso a primera hora de hoy a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Huércal-Overa (Almería) a los seis detenidos por su presunta implicación en la construcción de alrededor de un millar de viviendas sobre suelo rústico en el término municipal de Zurgena (Almería), entre los que se encuentran el alcalde de la localidad, Cándido Trabalón (PA), y el concejal de Urbanismo, Manuel Tijeras (PA).
Fuentes de la investigación señalaron a Europa Press que los arrestados, a los que se suman, junto a los anteriores, los constructores Tomás Zurano, presidente de Grupo Dizu y del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública, Ceacop, y Antonio López, un arquitecto municipal y un aparejador, llegaron a las dependencias judiciales sobre las 10.00 horas de hoy.
A todos se les imputa la comisión de los delitos de prevaricación, cohecho y contra la ordenación del territorio tras una investigación abierta en 2006 por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), que derivó en la incoación de diligencias por parte de la Fiscalía de Medio Ambiente y el Juzgado de Instrucción número dos de Huércal-Overa.
Las detenciones se practicaron el pasado miércoles dentro de la denominada operación 'Costurero', ordenada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Huércal-Overa y dentro de la cual se efectuaron también distintos registros en domicilios y empresas de Albox, Garrucha, la capital y Zurgena, en cuyo ayuntamiento los agentes del Grupo de Delitos Urbanísticos intervinieron diverso material informático y documentación.
Tanto el primer edil como el también primer teniente de alcalde ---quienes se presentaron a la reelección en las elecciones municipales de 2007 en las que alcanzaron la mayoría absoluta con ocho de los once concejales-- fueron citados a declarar en relación con este caso en enero de 2007 aunque en calidad de testigos.
El juez investigaba, tal y como sostiene el Fiscal de Medio Ambiente, Juan Sánchez, si se produjo la comisión de delito de prevaricación y contra la ordenación del territorio en la autorización municipal a seis promociones de viviendas ejecutadas por cuatro empresas en pedanías del municipio.
Algunas de ellas se encuentran paralizadas como medida cautelar después de que la Junta de Andalucía impugnase ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía las licencias municipales que el Consistorio ratificó por silencio administrativo pese a la solicitud de revisión tramitada por la delegación provincial de Obras Públicas.
El Ayuntamiento de Zurgena (Almería) aprobó en febrero de 2007 la delimitación de suelo urbano (DSU) del término municipal que situaba dentro de esta calificación las más de 1.000 viviendas denunciadas ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial por el Seprona de la Guardia Civil e impugnadas por la Junta de Andalucía.
El documento, aprobado en pleno el pasado con la abstención de los ediles en la oposición, fija en 358 hectáreas el suelo urbano de Zurgena y declara urbanizables más de 122 hectáreas en la pedanía de Carasoles-Cucador y otras 111,50 hectáreas en La Alfoquía donde, según el atestado del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, se detectaron cerca de 350 viviendas construidas sobre suelo rústico.
Las otras pedanías donde se detectaron irregularidades --hasta otras 600 residencias-- también vieron incrementada la extensión de suelo urbano. En Los Llanos del Peral adquirieron esta calificación sus 390.000 metros cuadrados de suelo mientras que en Los Menchones la superficie alcanzó los 142.800 metros cuadrados.
La propia comisión de Peticiones del Parlamento Europeo concluyó en el informe elaborado a raíz de su visita a la comarca del Almanzora y al Levante almeriense en febrero de 2007 que las autoridades provinciales de Almería "reconocieron" que "un número de autoridades municipales han actuado incorrectamente", por lo que muchos alcaldes están siendo procesados y también que "en muchos casos, considerables sumas de dinero se generaron de estas prácticas ilegales".
europapress.es - 4/4/2008 10:35 AM

Bermejo califica de ´fraude´ el referéndum sindical porque ´sólo pudieron votar los huelguistas´

EUROPA PRESS .- El ministro de Justicia en funciones, Mariano Fernández Bermejo, calificó hoy de "fraude no digno de un sistema democrático" el referéndum celebrado ayer en el que los sindicatos convocantes de la huelga apoyaron continuar con las movilizaciones, al señalar que se desarrolló con "la opacidad más absoluta" y que "sólo se permitió votar a los huelguistas".
En rueda de prensa en la sede de su departamento, Fernández Bermejo dio a conocer que las reuniones con la mesa de negociación volverán a reanudarse mañana y anunció una nueva instrucción que aumentará los servicios mínimos para "garantizar los derechos de los ciudadanos". De igual modo, expresó su "optimismo" sobre una próxima resolución del conflicto y prometió ser "comprensivo" con los huelguistas. Sobre el "simulacro de referéndum" organizado por los sindicatos convocantes (CCOO, UGT, CSI-CSIF y STAJ), en el que el 88 por ciento de los funcionarios consultados apoyaron continuar con la huelga, el titular de Justicia aseguró que se realizó después de "un proceso selectivo" mediante el cual únicamente votaron los sindicalistas "de pata negra" que habían secundado el paro "en los últimos días". Según su información, las irregularidades en esta "consulta interna" fueron constantes, ya que incluso se llegaron a contabilizar "votos por fax". Como ejemplo, señaló el caso de Baleares, en el que la votación fue anulada porque, según el ministro, "votaban funcionarios que no eran huelguistas". "Se pretendía que hubiera un 'no' y lo ha habido, era un rechazo masivo que se ha articulado", aseguró.
Bermejo también criticó que las centrales sindicales, que iniciaron el 4 de febrero la huelga para solicitar la equiparación salarial de los funcionarios dependientes del Ministerio con los de las comunidades a las que se ha transferido esta competencia, hayan "torpedeado" el "principio de acuerdo" que, según él, suscribieron ambas partes el pasado 1 de abril. En este sentido, acusó a los sindicatos de "incumplir" los compromisos que adoptaron en este documento, que "apoyaron" con su firma y en el que prometían someter a referéndum la última propuesta del Ministerio, consistente en un incremento de 140 euros este año y de 40 más en 2009. A su entender, los sindicatos han levantado un "muro de intransigencia" hacia el Ministerio, ya que "no ofrecen contrapartidas" a sus ofertas y siguen realizando reivindicaciones "inviables, no decentes y fuera de todo sentido", como que los huelguistas reciban la parte del salario que se les ha descontado o que la recuperación del trabajo no realizado se haga exclusivamente en horario laboral. "Pretenden que el Estado pague la huelga", se quejó antes de censurar que algunos funcionarios "estén ejerciendo su derecho a la huelga con vandalismo". El ministro, que ha dirigido una carta a las Ejecutivas Federales de los cuatro sindicatos en la que les solicita que cumplan el acuerdo en los términos en los que se firmó, consideró en todo caso "muy importante" la actuación de la dirección de UGT, que se comprometió a desconvocar la huelga si el Gobierno volvía a reunir a la mesa de negociación en el plazo de 48 horas.

El juez deniega el amparo a los ex diputados socialistas tránsfugas Tamayo y Sáez

El Tribunal Constitucional ha denegado a los ex diputados tránsfugas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez el amparo que pidieron contra la decisión que adoptó en 2003 la Mesa de la Asamblea de Madrid, de excluir a Tamayo de la Comisión de Investigación que se creó para analizar las causas de su deserción del grupo socialista.
La Sala Primera emitió el pasado 10 de marzo esta sentencia, de la que ha sido ponente el Magistrado Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, según ha informado hoy el Tribunal. La ausencia, el 10 de junio de 2003, de los entonces diputados del PSOE Tamayo y Sáez de la sesión constitutiva de la Asamblea impidió al también socialista Rafael Simancas gobernar en la Comunidad de Madrid, lo que originó una crisis institucional sin precedentes.
El PSOE sostuvo entonces que una "trama de corrupción urbanística" en la que supuestamente estaban implicados altos cargos del PP era la causa de la fuga, por lo que se creó una Comisión de Investigación en el Parlamento regional.
Tamayo reivindicó entonces su derecho a participar en las sesiones de esa Comisión como portavoz del grupo parlamentario mixto, pero al final, tras los informes jurídicos que pidió la presidenta de la Asamblea, Concepción Dancausa, la Mesa de la Cámara se lo impidió y sólo estuvo presente el día de su propia comparecencia.
La decisión de la Mesa fue recurrida por los tránsfugas ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que no admitió a trámite el recurso, por lo que pidieron amparo al Constitucional.

Competencia expedienta a la patronal alimentaria por pactar precios

La Comisión Nacional de la Competencia ha anunciado que ha incoado expedientes sancionadores contra asociaciones de empresarios del sector de la industria alimentaria en relación con las investigaciones iniciadas el otoño pasado sobre la evolución alcista del precio de los alimentos.

Una vez analizada la información recabada en las inspecciones llevadas a cabo octubre de 2007, la Dirección de Investigación de Competencia estima que "parece improbable probar la existencia de acuerdos explícitos entre los productores o comercializadores de alimentos para elevar los precios".

No obstante, a la luz de dicha información analizada y, en especial, de las numerosas declaraciones y comunicaciones realizadas desde las asociaciones de empresarios del sector, se estima que éstas podrían constituir en sí prácticas que "podrían tener por objeto o efecto restringir, limitar o impedir la competencia".

De esta forma, Competencia ha decidido incoar expediente sancionador a la Federación de Industrias Alimentarias y de Bebidas así como a diversas asociaciones dependientes de ésta; a la Organización Interprofesional de Avicultura de Carne de Pollo del Reino de España (Propollo), a la Organización Interprofesional del Huevo y sus Productos (Inprovo), así como a la Asociación de Fabricantes de Pan del Principado de Asturias.

Caso de Mari Luz Cortés: una cadena de despropósitos

Europa Press - martes, 1 de abril, 12.24
MADRID, 1 (EUROPA PRESS) - El ministro de Justicia en funciones, Mariano Fernández Bermejo, denunció hoy que "alguien ha estado intentado hacer correr una cortina de humo sobre lo que ha ocurrido" alrededor del asesinato de Mari Luz Cortés al querer abrir un debate sobre la cadena perpetua y defendió que sobre lo que hay que discutir es "sobre los errores" en este caso, que consideró "una anomalía".
En declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press, Bermejo aseguró que el debate sobre la cadena perpetua "debería cerrarse porque la Constitución es clara" al respecto y se preguntó "cómo se puede sacar" esta discusión si "las penas impuestas de más de tres años no se han cumplido".
A juicio de Bermejo, "quien ha sacado ese debate intentaba que no se hablara de lo que ha ocurrido, que no se han ejecutado las penas" impuestas al presunto autor de la muerte de la niña onubense, Santiago del Valle, quien, a pesar de tener varias condenas firmes por abusos sexuales a menores continuaba en libertad.
Del mismo modo, apuntó que "el registro de pederastas" del que se ha hablado en los últimos días es "otra cortina de humo" y defendió que "será necesario cuando hayan funcionado las cosas". En su opinión, "basta con que las cosas funcionen con normalidad como ocurren normalmente" y se cumpla la ley.
"Hoy el debate es que ha fallado el sistema", sentenció Bermejo, que pidió que no se intente "desviar la atención" porque "hay que ser un poco más responsables con este tema". "Pretender tapar el debate que debe producirse acerca de los errores me parece poco serio", agregó.
Tras conocerse el caso, el portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGJP), Enrique López, pidió en declaraciones a los medios de comunicación que se abriera una reflexión sobre la conveniencia de incorporar la cadena perpetua al Código Penal. Sus declaraciones han provocado que seis vocales del denominado sector "progresista" del CGPJ elevaran un escrito al Pleno que se celebrará mañana solicitando la reprobación del portavoz y su cese como vocal del órgano de gobierno de los jueces.

UNA "ANOMALÍA"
Para el ministro en funciones, éste ha sido "uno de esos casos especialmente desafortunados donde se van enlazando decisiones erróneas" hasta llegar a un final "realmente espectacular".
No obstante, subrayó que estas situaciones son "infrecuentes", por lo que en el caso de la pequeña onubense estamos "en presencia de una anomalía" en la que "el sistema no ha funcionado, ha desprotegido" y que será "objeto de responsabilidades".
Así, indicó que deberá ser el CGPJ el encargado de "indagar" sobre la actuación del juez que no emitió una orden de busca y captura contra Del Valle y sobre la "cadena de despropósitos" que se han producido en este caso. "La competencia para controlar disciplinariamente a los jueces la tiene el CGPJ, nadie más", subrayó.